DIRECTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO
de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación
en asuntos civiles y mercantiles
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61,
letra c), y su artículo 67, apartado 5, segundo guión, Vista la propuesta de la
Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), De
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de
libertad, seguridad y justicia donde esté garantizada la libre circulación de personas.
Con este fin, la Comunidad debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de
cooperación judicial en materia civil que sean necesarias para el correcto
funcionamiento del mercado interior.
(2) El principio de acceso a la justicia es fundamental y, con vistas a facilitar y mejorar
el acceso a la justicia, el Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de 15 y 16 de
octubre de 1999, instó a los Estados miembros a que instauraran procedimientos
alternativos de carácter extrajudicial.
(3) En mayo de 2000, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre modalidades
alternativas de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, en las que indicó
que la definición de principios fundamentales en ese ámbito constituye un paso
fundamental para permitir el desarrollo y funcionamiento adecuados de los
procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos en asuntos civiles y
mercantiles, de manera que se simplifique y mejore el acceso a la justicia.
(4) En abril de 2002, la Comisión presentó un Libro Verde sobre las modalidades
alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil en el
que hacía balance de la situación imperante en lo que respecta a métodos de solución
en la Unión Europea y con el que inició una amplia consulta con los Estados miembros
y las partes interesadas sobre posibles medidas para promover el uso de la mediación.
(5) El objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la política de
la Unión Europea encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia,
debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución
de litigios. La presente Directiva debe contribuir al correcto funcionamiento del
mercado interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de servicios de
mediación.
(6) La mediación puede dar una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos
en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades
de las partes. Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se
cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable
entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que
presentan elementos transfronterizos.
(7) Para promover el uso más frecuente de la mediación y garantizar que las partes
que recurran a ella puedan contar con marco jurídico predecible, es necesario
establecer una legislación marco que aborde, en particular, los aspectos fundamentales
del procedimiento civil.
(8) Las disposiciones de la presente Directiva solo se refieren a los procedimientos de
mediación en litigios transfronterizos, pero nada debe impedir que los Estados
miembros apliquen dichas disposiciones también a procedimientos de mediación de
carácter nacional.
(9) La presente Directiva no debe impedir en modo alguno la utilización de las nuevas
tecnologías de comunicaciones en los procedimientos de mediación. 24.5.2008 ES
Diario Oficial de la Unión Europea L 136/3
(1) DO C 286 de 17.11.2005, p. 1.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2007 (DOC 27 E de
31.1.2008, p. 129), Posición Común del Consejo de 28 de febrero de 2008 (no
publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Parlamento Europeo de 23 de abril de
2008 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(10) La presente Directiva debe aplicarse a los procedimientos en los que dos o más
partes en un conflicto transfronterizo intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas
un acuerdo amistoso sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador.
Debe aplicarse a asuntos civiles y mercantiles. No obstante no debe aplicarse a los
derechos y obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas en
virtud de la legislación aplicable pertinente. Estos derechos y obligaciones son
especialmente frecuentes en los ámbitos del Derecho de familia y del Derecho laboral.
(11) La presente Directiva no debe aplicarse a las negociaciones precontractuales ni a
los procedimientos de carácter cuasi jurisdiccional como determinados mecanismos de
conciliación judicial, los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo, el
arbitraje, y la determinación por experto, y tampoco a los procesos administrados por
personas u órganos que formulan recomendaciones formales, ya sean jurídicamente
vinculantes o no, sobre la solución del conflicto.
(12) La presente Directiva debe ser aplicable a los casos en que un órgano
jurisdiccional remite a las partes a la mediación o en que la legislación nacional
prescribe la mediación. Debe asimismo ser aplicable, en la medida en que el Derecho
nacional permita a un juez actuar como mediador, a la mediación llevada a cabo por
un juez que no sea responsable de ningún proceso judicial relacionado con la cuestión
o cuestiones objeto del litigio. No obstante, deben quedar excluidas del ámbito de
aplicación de la presente Directiva las gestiones que el órgano jurisdiccional o juez
competente para conocer del conflicto realice en el contexto de un proceso judicial
relativo a dicho conflicto, así como los casos en los que el órgano jurisdiccional o el
juez solicitan ayuda o asesoramiento de una persona competente.
(13) La mediación a que se refiere la presente Directiva debe ser un procedimiento
voluntario, en el sentido de que las partes se responsabilizan de él y pueden
organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento. No obstante,
el Derecho nacional debe dar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de establecer
límites temporales al procedimiento de mediación; por otra parte, también deben
poder señalar a las partes la posibilidad de la mediación, cuando resulte oportuno.
(14) Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe afectar a la legislación
nacional que haga obligatorio el uso de la mediación o que la someta a incentivos o
sanciones, siempre que tal legislación no impida a las partes el ejercicio de su derecho
de acceso al sistema judicial. Tampoco afectará nada de lo dispuesto en la presente
Directiva a los sistemas de mediación autorreguladores vigentes, en la medida en que
se ocupen de aspectos que no estén cubiertos por la presente Directiva.
(15) Para ofrecer seguridad jurídica, la presente Directiva debe indicar la fecha que ha
de tenerse en cuenta para determinar si un litigio que las partes intentan resolver por
mediación reviste o no carácter transfronterizo. A falta de acuerdo escrito, debe
considerarse que las partes convienen en recurrir a la mediación en la fecha en que
toman medidas concretas para iniciar el procedimiento de mediación.
(16) Para asegurar la necesaria confianza mutua en lo que respecta a la
confidencialidad, el efecto sobre los plazos de caducidad y prescripción, y el
reconocimiento y ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación, los Estados
miembros deben promover, por los medios que consideren adecuados, la formación de
mediadores y el establecimiento de mecanismos eficaces de control de calidad relativos
a la prestación de servicios de mediación.
(17) Los Estados miembros deben definir mecanismos de este tipo, que pueden incluir
el recurso a soluciones disponibles en el mercado, pero no deben quedar obligados a
aportar financiación para ello. Los mencionados mecanismos deben aspirar a preservar
la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía de las partes, y a
garantizar que la mediación se lleve a cabo de una forma eficaz, imparcial y
competente. Es importante que se informe a los mediadores de la existencia del
Código de conducta europeo para los mediadores, al que también debe poder acceder
el público en general a través de Internet.
(18) En el ámbito de la protección del consumidor, la Comisión adoptó una
Recomendación (1) que establece los criterios mínimos de calidad que los órganos
extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo deben
ofrecer a sus usuarios. Se debe alentar a todos los mediadores u organizaciones que
entran en el ámbito de aplicación de dicha Recomendación a que respeten sus
principios. Para facilitar la difusión de la información relativa a tales órganos, la
Comisión debe crear una base de datos de los sistemas extrajudiciales que, a juicio de
los Estados miembros, respetan los principios de la Recomendación.
(19) La mediación no debe considerarse como una alternativa peor que el proceso
judicial por el hecho de que el cumplimiento del acuerdo resultante de la mediación
dependa de la buena voluntad de las partes. Por tanto, los Estados miembros deben
asegurar que las partes en un acuerdo escrito resultante de la mediación puedan hacer
que su contenido tenga fuerza ejecutiva. Los Estados miembros solamente deben
poder negarse a que un acuerdo tenga fuerza ejecutiva cuando su contenido sea
contrario a su legislación, incluido su Derecho internacional privado, o cuando esta no
disponga la fuerza ejecutiva del contenido del acuerdo específico. Así podría ocurrir
cuando la obligación especificada en el acuerdo no tuviese fuerza ejecutiva por su
propia índole.
L 136/4 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.5.2008
(1) Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los
principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios
en materia de consumo (DO L 109 de 19.4.2001, p. 56).
20) El contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido
carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y declarado ejecutivo en
los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación comunitaria o nacional
aplicable, por ejemplo sobre la base del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de
22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (1), o del Reglamento
(CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental (2).
(21) El Reglamento (CE) no 2201/2003 dispone expresamente que los acuerdos entre
las partes deben tener fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que se han
celebrado para poder ser ejecutivos en otro Estado miembro. Por consiguiente, si el
contenido de un acuerdo resultante de la mediación en el ámbito del Derecho de
familia no tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que ha sido celebrado o
en el que se solicita que se le dé carácter ejecutivo, la presente Directiva no debe
alentar a las partes a eludir la legislación del Estado miembro en cuestión mediante
gestiones encaminadas a dotarlo de fuerza ejecutiva en otro Estado miembro.
(22) La presente Directiva no afectará a las normas de los Estados miembros
aplicables a la ejecución de acuerdos que sean resultado de una mediación.
(23) Dada la importancia de la confidencialidad en el procedimiento de mediación, es
necesario que la presente Directiva contenga disposiciones que estipulen un grado
mínimo de compatibilidad de las normas procesales civiles en lo que se refiere al modo
en que se protege la confidencialidad de la mediación en todo proceso judicial o de
arbitraje ulterior, ya sea de carácter civil o mercantil.
(24) Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados
miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción
no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su
intento de mediación. Los Estados miembros deben asegurarse de que se obtenga este
resultado, aun cuando la presente Directiva no armonice las normas nacionales sobre
prescripción y caducidad. Las disposiciones sobre los plazos de caducidad y
prescripción de los acuerdos internacionales, tal como se aplican en los Estados
miembros, por ejemplo en el ámbito de la legislación sobre transportes, no deben
verse afectadas por la presente Directiva.
(25) Los Estados miembros deben alentar a que se informe al público en general de la
forma de entablar contacto con mediadores y organizaciones que presten servicios de
mediación. También deben alentar a los profesionales del Derecho a informar a sus
clientes de las posibilidades que ofrece la mediación.
(26) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»
(3), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la
Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la
concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.
(27) La presente Directiva trata de promover los derechos fundamentales y tiene en
cuenta los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
(28) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión
o a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad
está facultada para adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de
proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo
necesario para alcanzar dichos objetivos.
(29) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y
de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han comunicado su voluntad de
participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(30) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y,
por tanto, no está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
24.5.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 136/5
(1) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).
(2) DO L 338 de 23.12.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no
2116/2004 (DO L 367 de 14.12.2004, p. 1). (3) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Finalidad y ámbito de aplicación
1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas
de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el
uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el
proceso judicial.
2. La presente Directiva se aplicará, en los litigios transfronterizos, en los asuntos
civiles y mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén
a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente. No se aplicará, en
particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni a la responsabilidad
del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana (acta iure
imperii).
3. En la presente Directiva, se entenderá por «Estado miembro » cualquier Estado
miembro, con excepción de Dinamarca.
Artículo 2
Litigios transfronterizos
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por litigio transfronterizo aquel en
que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado
miembro distinto del Estado miembro de cualquiera de las otras partes en la fecha en
que:
a) las partes acuerden hacer uso de la mediación una vez surgido el litigio, o
b) un tribunal dicte la mediación,
c) sea obligatorio recurrir a la mediación a tenor de la legislación nacional, o
d) a efectos del artículo 5, se remita una invitación a las partes.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, a efectos de los artículos 7 y 8 de la
presente Directiva, también se entenderá por litigio transfronterizo aquel en el que se
inicie un procedimiento judicial o un arbitraje tras la mediación entre las partes en un
Estado miembro distinto de aquel en que las partes estén domiciliadas o residan
habitualmente en la fecha que contempla el apartado 1, letras a), b) o c).
3. A efectos de los apartados 1 y 2, el domicilio se determinará de conformidad con los
artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) no 44/2001.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «mediación»: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o
denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente
alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un
mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado
por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro.
Incluye la mediación llevada acabo por un juez que no sea responsable de ningún
procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para resolver
el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él realicen
en el curso del proceso judicial referente a ese litigio;
b) «mediador»: todo tercero a quien se pida que lleve a cabo una mediación de forma
eficaz, imparcial y competente, independientemente de su denominación o profesión
en el Estado miembro en cuestión y del modo en que haya sido designado o se le haya
solicitado que lleve a cabo la mediación.
Artículo 4
Calidad de la mediación
1. Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la
elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las
organizaciones que presten servicios de mediación a dichos códigos, así como otros
mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de
mediación.
2. Los Estados miembros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores
para garantizar que la mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y
competente en relación con las partes.
Artículo 5
Recurso a la mediación
1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en
cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes que recurran a la
mediación para solucionar el litigio. Asimismo el órgano jurisdiccional podrá pedir a las
partes que asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación, si se
celebran tales sesiones y si son fácilmente accesibles.
L 136/6 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.5.2008
2. La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que estipule la
obligatoriedad de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, ya sea antes
o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida a
las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema judicial.
Artículo 6
Carácter ejecutivo de los acuerdos resultantes de la mediación
1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, o una de ellas con el
consentimiento explícito de las demás, puedan solicitar que se dé carácter ejecutivo al
contenido de un acuerdo escrito resultante de una mediación. El contenido de tal
acuerdo se hará ejecutivo a menos que, en el caso de que se trate, bien el contenido
de ese acuerdo sea contrario al Derecho del Estado miembro donde se formule la
solicitud, bien la legislación de ese Estado miembro no contemple su carácter
ejecutivo.
2. El contenido del acuerdo podrá adquirir carácter ejecutivo en virtud de sentencia,
resolución o acto auténtico emanado de un órgano jurisdiccional u otra autoridad
competente, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se
formule la solicitud.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los órganos jurisdiccionales u
otras autoridades competentes para recibir una solicitud de conformidad con los
apartados 1 y 2.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las normas aplicables al
reconocimiento y a la ejecución en otro Estado miembro de un acuerdo que haya
adquirido carácter ejecutivo de conformidad con el apartado 1.
Artículo 7
Confidencialidad de la mediación
1. Dado que la mediación debe efectuarse de manera que se preserve la
confidencialidad, los Estados miembros garantizarán, salvo acuerdo contrario de las
partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la administración del
procedimiento de mediación estén obligados a declarar, en un proceso judicial civil o
mercantil o en un arbitraje, sobre la información derivada de un procedimiento de
mediación o relacionada con dicho proceso, excepto:
a) cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público en el Estado
miembro de que se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés
superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una
persona, o
b) cuando el conocimiento del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea
necesaria para aplicar o ejecutar dicho acuerdo.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá a los Estados miembros aplicar medidas
más estrictas para proteger la confidencialidad de la mediación.
Artículo 8
Efecto de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción
1. Los Estados miembros garantizarán que el hecho de que las partes que opten por la
mediación con ánimo de solucionar un litigio no les impida posteriormente iniciar un
proceso judicial o un arbitraje en relación con dicho litigio por haber vencido los plazos
de caducidad o prescripción durante el procedimiento de mediación.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre
plazos de caducidad o prescripción incluidas en los acuerdos internacionales en que
sean partes los Estados miembros.
Artículo 9
Información al público
Los Estados miembros fomentarán, por los medios que consideren oportunos, el
acceso del público en general, en particular vía Internet, a la información sobre la
forma de ponerse en contacto con mediadores y organismos que presten servicios de
mediación.
Artículo 10
Información sobre los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes
La Comisión hará accesible públicamente, por los medios que considere oportunos, la
información sobre los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes que le hayan
comunicado los Estados miembros de conformidad con el artículo 6, apartado 3.
Artículo 11
Revisión
A más tardar el 21 de mayo de 2016, la Comisión presentará al Parlamento Europeo,
al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la
presente Directiva. El informe examinará el desarrollo de la mediación en la Unión
Europea y el impacto de la presente Directiva en los Estados miembros. Si es
necesario, el informe irá acompañado de propuestas de adaptación de la presente
Directiva.
24.5.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 136/7
Artículo 12
Incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados miembros
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 21
de mayo de 2011, con excepción del artículo 10, al que deberá darse cumplimiento el
21 de noviembre de 2010 a más tardar. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente
Directiva.
Artículo 13
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Artículo 14
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Estrasburgo, el 21 de mayo de 2008.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
H.-G. PÖTTERING
Por el Consejo
El Presidente
J. LENARCIC
L 136/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.5.2008
